6 de Abril 2017.
#NiUnFraudeMás
Observatorio ciudadano de la elección para gobernador en el Estado de México, 2017
El Estado de México cuenta con el Padrón Electoral más grande del país. Más de 10 millones de personas están convocadas para emitir su voto el próximo domingo, 4 de junio en las elecciones para Gobernador.
Todas las encuestas demuestran un escenario complicado para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado este Estado desde hace 88 años, sin alternancia alguna, desde la creación del Partido Nacional Revolucionario, de Plutarco Elías Calles, en el año 1929.
Todo parece indicar que es precisamente por esta situación que, en los últimos meses, el Presidente Enrique Peña Nieto, casi una docena de Secretarios de Estado del Gobierno Federal y hasta la esposa del Presidente han encabezado más de cien actos públicos junto con el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, la hija del gobernador, Isis Ávila, y otros funcionarios del gobierno estatal.
En estos actos se distribuyen dádivas y servicios de los gobiernos federales y locales. Los medios de comunicación nacionales han documentado que frecuentemente se solicita la credencial de elector de los ciudadanos para poder recibir la dádiva o el servicio gubernamental correspondiente. La semana pasada, el Congreso del Estado de México votó que este tipo de actos políticos continuarían durante el proceso electoral actualmente en curso.
La intencionalidad política de estos actos es evidente y por ello violarían flagrantemente el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala, a la letra, que:
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos
.
Estos actos también podrían configurar delitos electorales, ya que el Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales impone un castigo de seis meses a tres años de cárcel:
- “a cualquier persona que recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar”
- “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación”
- “amenace con suspender los beneficios de los programas sociales por motivos electorales”
- “organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral”
- “solicite u ordene evidencia del sentido del voto”.
La desbordada intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral también prefigura la alta probabilidad de que se desarrollaría un masivo operativo de compra, coacción y acarreo de votantes el día de la elección para Gobernador, tal y como ha ocurrido en elecciones pasadas.
El electorado del Estado de México también ha sido literalmente bombardeado a través de los medios de comunicación con propaganda federal y estatal que intenta demostrar los supuestos logros de las administraciones PRIistas en el Estado de México en materia de servicios sociales, pobreza e infraestructura, cuando las cifras demuestran lo contrario. Asimismo, el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, utiliza imágenes propiedad de los gobiernos federales y estatales en su propia propaganda electoral.
El Estado de México hoy se encuentra como una de las entidades federativas con la mayor índice delictiva, frecuencia de feminicidios y comisión de actos de corrupción así como una de las entidades con la mayor pobreza y la menor cobertura hospitalaria y educativa en el país.
En suma, todo parece indicar que el PRI está dispuesto a imponer “haiga sido como haiga sido” al primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, quien también es hijo y nieto de ex-gobernadores de la entidad, como el próximo gobernador del Estado de México.
Ante este escenario, tanto el Partido Morena como el Partido Acción Nacional ya han presentado denuncias tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en contra de estas prácticas.
Sin embargo, tanto el INE como la FEPADE, y también el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), insisten en hacerse de la vista gorda frente a prácticas evidentemente violatorias a las leyes, las normas y los principios electorales mexicanos.
Frente a la inacción de las autoridades correspondientes, lo cual implica la abdicación de su responsabilidad de garantizar la celebración de elecciones “libres, auténticas y periódicas” de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, los ciudadanos nos vemos obligados a suplir las instituciones públicas para defender directamente el ejercicio de la democracia en la entidad federativa más poblada de la República.
Los ciudadanos decimos “¡Ya basta!”.
No permitiremos que el fraude vuelva a derrotar la voluntad y la soberanía populares.
Por ello hoy lanzamos la iniciativa “¡Ni un fraude más!”, una iniciativa ciudadana que busca informar a los votantes del Estado de México sobre sus derechos electorales, así como fomentar la denuncia pública y legal de las irregularidades electorales.
El objetivo es respaldar a la ciudadanía en la defensa de la democracia, así como ayudar a los votantes a evitar ser cómplices y víctimas de la comisión de graves delitos electorales.
A partir de hoy nuestros equipos de trabajo iniciarán recorridos por el Estado de México y también ponemos a su disposición los siguientes sitios de internet y direcciones de redes sociales:
- http://niunfraudemas.org/
- https://twitter.com/NiUnFraudeMasMX
- https://www.facebook.com/NiUnFraudeMasMx/
- niunfraudemasmx@gmail.com
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